¿Es un buen momento para mejorar nuestro entorno regulatorio?

La actual situación condiciona la actividad de toda la sociedad en su conjunto y nuestro sector no es ajeno a ello. Ante el momento que vivimos y tratando de anticiparnos a la recuperación de la normalidad vemos que desde una de las principales asociaciones de empresas de distribución se plantean la necesidad de una mejora en el entorno regulatorio. Comentamos en el artículo nuestro punto de vista en relación con esta cuestión.

El marco legal aplicable en la comercialización de productos agroalimentarios es complejo; por ello, consideramos muy interesante intentar mejorar el entorno legislativo para que sea un elemento que dé seguridad y facilite la actividad. A la hora de plantear esta mejora la solicitud se centra en dos áreas:

1. Simplificación normativa. Tanto en el momento actual como en cualquier otro es importante que el ordenamiento jurídico sea lo más flexible posible y no genere barreras a la actividad industrial, siempre por supuesto desde la máxima seguridad jurídica.

Un buen ejemplo en esta línea para mejorar y simplificar la legislación aplicable en las actividades industriales lo encontramos en el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. En este caso, desde esta comunidad autónoma, han dado continuidad a la iniciativa de la Unión Europea «Better Regulation» para tratar de mejorar el entorno legislativo centrándose en su simplificación y mejora algo que, desde hace bastante tiempo, trata de lograr la UE.

La iniciativa que se ha aprobado en Andalucía se enfoca en la adopción de medidas destinadas a mejorar la regulación para mejorar el acceso o ejercicio de una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados y, de esta forma, promover el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad.

2. «Unidad de mercado», concepto que se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. Su objetivo pasa por eliminar barreras administrativas y trabas burocráticas y que las empresas puedan operar en las diferentes Comunidades Autónomas sin la obligación de cumplir una normativa distinta en cada una de ellas, como ocurría hasta hace poco (Blog de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC-).

En esta área es de vital importancia que se logre la «Unidad de mercado» real. De esta forma, se podrá crear un ambiente mucho más favorable a la competencia y a la inversión, facilitando que los agentes económicos puedan beneficiarse de las ganancias de una mayor dimensión en términos de productividad y costes.

En cualquier momento, pero en especial en esta situación tan complicada, es primordial que las distintas Administraciones Públicas apliquen la «Unidad de mercado» en todas las actividades económicas y, especialmente, en aquellas actividades de especial relevancia e impacto económico, como es el caso del sector agroalimentario.

A modo de conclusión, desde nuestro punto de vista, no es cuestión que todos los elementos de mejora en el ámbito de la legislación alimentaria se deban resolver con un par de medidas legislativas. Es algo mucho más complejo y que llevará su tiempo. Ahora bien, si no reflexionamos sobre estos aspectos difícilmente serán abordados.

En cuanto a la simplificación normativa debe evaluarse la situación en la que nos encontramos actualmente para ver cómo puede armonizarse el ordenamiento jurídico desde la UE hasta aquellas cuestiones que quedan en el ámbito municipal, siempre buscando la máxima seguridad jurídica para todos los agentes de la cadena, desde el consumidor hasta la autoridad competente, sin olvidar al operador alimentario.

Respecto a la Unidad de mercado, aquí hay que poner el acento en la homogeneización de los criterios de las autoridades competentes en el ámbito autonómico, ya que una de las principales dificultades observadas es la de cómo se interpreta la legislación alimentaria en cada una de las Comunidades Autónomas. En este punto el trabajo desde los Ministerios de Agricultura, Sanidad y Consumo es fundamental para ayudar en la aplicación homogénea de los criterios de control oficial por parte de las Comunidades Autónomas. Por último, las posibles mejoras que se realicen en este ámbito contribuirán, sin lugar a duda, en la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario.

Si necesitas asesoramiento legal sobre estos temas, en AINIA contamos con un equipo de especialistas en Derecho Alimentario que pueden ayudarte a resolver cuestiones vinculadas a la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico aplicable a los alimentos. Si eres asociado a AINIA, recuerda que esta información puedes complementarla con la circular legislativa mensual y el flash anticipatorio, además del servicio de consultas legislativas. Si no eres asociado a AINIA, te animamos a asociarte y disfrutar de los servicios legislativos especiales que cuentan nuestros asociados. También puedes sumarte a nuestro grupo de legislación alimentaria en Linkedin.