El fraude alimentario es una preocupación constante para la cadena agroalimentaria de la Unión Europea. A pesar de los esfuerzos de los operadores que actúan con responsabilidad, siempre existen agentes que buscan obtener beneficios ilícitos, aprovechándose de la confianza de los consumidores y del prestigio de los productos alimentarios. La UE mantiene una vigilancia activa para detectar y erradicar estas prácticas, como demuestran los informes publicados en 2023:
- DG SANTE: Overview report series of fact-finding studies to evaluate the suitability and effective implementation of national arrangements to fight fraud along the agri-food chain in accordance with Regulation (EU) 2017/625
- JRC: Technical Report – Fighting fraudulent and deceptive practices in the agri-food chain
¿Qué entendemos por fraude alimentario?
Aunque no existe una definición legal de fraude alimentario en la legislación de la UE, su persecución está claramente reflejada en el marco normativo. El Reglamento (CE) nº 178/2002, en su artículo 8, establece que la legislación alimentaria debe proteger los intereses de los consumidores, incluyendo la prevención de:
- Prácticas fraudulentas o engañosas
- Adulteración de alimentos
- Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor
Además, el Reglamento (UE) 2017/625 sobre controles oficiales y el Reglamento (UE) 2019/1715 (SGICO) refuerzan la lucha contra el fraude mediante sistemas de información y redes de colaboración como la Red de lucha contra el fraude, formada por la Comisión Europea, Europol y los organismos de enlace de los Estados miembros.
Tipologías de fraude alimentario más frecuentes
El fraude alimentario puede manifestarse de diversas formas. A continuación, se describen las principales categorías y ejemplos representativos:
Adulteración y manipulación que consiste en modificar la composición de los alimentos de forma no autorizada. Un ejemplo es el uso indebido de aditivos alimentarios, regulados por el Reglamento (CE) nº 1333/2008. La incorporación de sustancias no permitidas o en dosis superiores a las autorizadas puede alterar la apariencia del producto y engañar al consumidor.
Falsificación afectando especialmente a productos con Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG).
La Operación Delta India (2023) de la Guardia Civil, es un ejemplo destacado: se realizaron 2.800 inspecciones, se investigó a 17 personas y se detectaron 19 delitos relacionados con la falsificación de productos protegidos.
Comercialización en canales no autorizados. La venta de productos fuera de los canales legales puede facilitar el fraude. En 2022, la AESAN alertó sobre la comercialización de aceite de oliva por operadores clandestinos, sin trazabilidad ni garantías sanitarias, lo que supuso un riesgo para la salud pública.
Etiquetado e información engañosa. El etiquetado incorrecto o las declaraciones exageradas pueden inducir a error al consumidor. El Reglamento (UE) nº 1169/2011 regula la información alimentaria, mientras que el Reglamento (CE) nº 1924/2006 establece los requisitos para declaraciones nutricionales y de propiedades saludables.
Ejemplos comunes incluyen denominaciones de venta que sugieren propiedades no justificadas o formulaciones que no se ajustan a la normativa.
¿Cómo se combate el fraude alimentario?
Las autoridades competentes abordan el fraude a través del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que contempla actuaciones específicas para detectar:
- Etiquetado incorrecto
- Falsificación documental
- Falta de trazabilidad
- Sustitución, dilución o adición de ingredientes
- Uso de tratamientos no autorizados
- Infracciones de propiedad intelectual
Consecuencias del fraude alimentario
El fraude alimentario tiene consecuencias que pueden afectar a la economía y la salud principalmente. Las prácticas fraudulentas en la cadena agroalimentaria tienen un elevado coste para las empresas de la UE, se estiman unos 30.000 millones de euros anuales. No obstante, el impacto del fraude no es solo económico, también puede generar problemas de salud pública, calidad alimentaria y reputacionales al quebrar la confianza de los consumidores, las empresas y los socios comerciales en los sectores afectados y en los sistemas de control oficiales y la autenticidad de los alimentos.
Estas situaciones se traducen en consecuencias legales en forma de sanciones administrativas y también penales en función del fraude alimentario cometido. Los responsables de los hechos tendrán que asumir desde sanciones económicas hasta penas de cárcel en aquellos casos en los que se ha cometido un delito contra la salud pública.
Por tanto, podemos resumir las consecuencias del fraude alimentaria en tres grandes categorías: jurídicas, económicas y reputacionales.
¿Cómo afrontar la prevención del fraude alimentario?
Al igual que otras situaciones, la clave para afrontar el fraude alimentario está en la prevención y anticipación. La clave es la anticipación, lo recomendable es planificar y prever los posibles escenarios en los que se pueda presentar el fraude alimentario para eliminar o en su defecto minimizar su impacto. Es necesario conocer con exactitud la regulación que nos aplica cuando ponemos alimentos en el mercado para evitar ser sujeto pasivo de un episodio de fraude alimentario. Debemos tener en cuenta que el impacto sectorial del fraude alimentario nos puede afectar, aunque no estemos involucrados de forma directa. La preocupación y repercusión social es constante, un buen ejemplo es que entre las cuestiones que plantea los europarlamentarios el fraude alimentario está presente, podemos verlo en esta pregunta parlamentaria.
A la hora de afrontar nuestra estrategia para prevenir la aparición del fraude alimentario los puntos más relevantes se focalizan en:
- El aseguramiento de la autenticidad e integridad de toda la cadena alimentaria, detectando las posibles prácticas fraudulentas o engañosas
- En otro orden, es necesario realizar análisis específicos para detectar estas situaciones, contando con las técnicas y protocolos de control oficial específico
En consecuencia, las medidas de autocontrol o acciones que el propio sector se aplica constituyen la mejor vacuna para prevenir este tipo de prácticas. El papel del sector es vital, dado estos incidentes afectan de forma directa a la confianza del consumidor y el coste para remontar la situación es muy elevado para la todos los agentes implicados.
